¿Recuerda usted cuando en 2017 los españolistas del PP, del PSOE y otros amenazaban a Catalunya con la salida de la UE si rompía con España?
Lo primero que me ha venido a la cabeza son aquellos cuatro viajes en tren desde Madrid a Francia con mi madre y mis hermanos, y ya se puede usted imaginar a quién íbamos a visitar durante los años 50 en un país que acogió a tantos exiliados. Pero era parar en Barcelona y sentir que aquel ambiente se parecía mucho más al del lugar donde vivían mis abuelos que a esa capital de España donde vivíamos nosotros. Sensaciones a flor de piel porque, como cualquier niño, yo no tenía ni idea de nada.
Después he recordado el antifranquismo en el Madrid de los primeros años 70, cuando cualquier noticia de la misma lucha política que tuviera lugar en «provincias», incluida Catalunya, me parecía irrelevante en comparación con lo que hacíamos en la capital.
En cambio, ahora que lo pienso, nada hicimos que sirviera para ganar de verdad, pues aquel asesino y culpable de la muerte de cientos de miles de inocentes llegó vivo hasta su última cama y nosotros no sabíamos cómo, pero sí que estábamos seguros de que jamás un franquismo que se pareciera demasiado a la dictadura podría continuar sin él.
No saber cómo ocurriría, pero saber que ocurriría, hizo que nos confiáramos, lo que nos confundió y provocó una confusión general que aprovecharon quienes después consiguieron el poder político, aunque con elecciones, para mantener atado y bien atado lo que de verdad él quiso atar.
Regreso de nuevo al referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 y a ese “peligro” de que Catalunya, si rompe con España, se convierta en algo parecido a Suiza, pero mejorada con la Costa Brava y otras playas, y recuerdo que fueron momentos en los que nadie podía estar seguro de que, sin previo aviso, algún país reconociera una República de Catalunya que si solo permaneció vigente durante 18 segundos de tiempo parlamentario fue, probablemente, porque no le llegó ninguna señal favorable desde el exterior.
Únicamente, que sepamos, hubo aquella llamada de Merkel a Rajoy para decirle que estaba harta de ver policías aporreando votantes y que, quizás, sí sirvió para evitar alguna desgracia personal mucho más grave que ese infarto que dos años después sufrió un turista en el Aeropuerto de Barcelona y que un juez llamado García Castellón pretende usar para acusar de terrorismo a unos manifestantes y, si colara, también a Puigdemont.
Todos estos recuerdos vienen a cuento del informe que el 11 de abril ha presentado ante el TJUE Maciel A. Szpunar, abogado general de ese tribunal europeo.
Se trata de un texto demoledor en el que demuestra que Puigdemont era eurodiputado de pleno derecho desde el mismo día de la proclamación de los resultados de las elecciones europeas de 2019 y que, por tanto, no estaba obligado a jurar la Constitución Española, por mucho que el artículo 224.2 de la LOREG diga que “En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”.
Es muy probable que el TJUE asuma los argumentos de su abogado general pues en diciembre de 2019 ya sentenció en este sentido a favor de Oriol Junqueras, quién tampoco juró la Constitución. Pero él no pudo ejercer por estar en la cárcel.
Ahora no me viene un recuerdo, sino una pregunta. ¿Qué cree usted que es más europeo para que un europarlamentario elegido en las urnas pueda ejercer su labor, jurar una norma legal de un país miembro de la UE o no tener que hacerlo?
Y la pregunta es pertinente porque, aunque en 2019 Sánchez ya estaba en Moncloa, su gobierno ignoró esa sentencia europea e inapelable y no suprimió un artículo tan antieuropeo como el 224.2 de la LOREG para intentar mantenerlo contra Puigdemont.
Conclusión: llegará un nuevo varapalo desde la Justicia europea por intentar chantajear a Puigdemont con la jura o promesa de la Constitución, como si no se pudiera estar en desacuerdo con esa norma y tener derecho a competir en las elecciones porque, si consigues el escaño, tendrás que jurarla, aunque sea en falso.
No puedo evitar que regresen, de nuevo, los recuerdos, y esta vez son las juras de los Principios del Movimiento durante la dictadura franquista.
Observo cualquier españolismo y solo veo obstáculos, trampas y amenazas en cualquier contexto y siempre contra el disfrute de las libertades y la democracia.
Domingo Sanz
