El Banco Madrid (BM) era propiedad de la Banca Privada de Andorra (BPA) desde 2010. El BM fue intervenido por el Banco de España en marzo de 2015 y esa acción coincidió con presiones de la policía española sobre responsables de BPA para averiguar si algunos políticos catalanes independentistas tenían cuentas en Andorra, una más de las actuaciones inconfesables que forman parte de lo que se conoce como la “Operación Catalunya”.
Así supieron que Jordi Pujol, muy poco independentista precisamente, tenía en BPA unos 4 millones de euros que había transferido desde otro banco y de los que él dijo que procedían de una herencia. Por cierto, el juicio contra el clan del ex está previsto para este año.
La intervención del BM y las actuaciones de la policía española en Andorra llegaron hasta el Tesoro de USA, desde donde se generó una alerta que ponía en cuestión la solvencia de BPA, añadiendo que figuraba como sospechosa por blanqueo de capitales. Los clientes huyeron y BPA terminó desapareciendo.
Contextualizar es siempre necesario. Cinco meses antes Artur Más presidía la Generalitat y había organizado, con evidente éxito según demuestran las imágenes de las colas de catalanes esperando a votar sin que ningún policía español les molestara, la consulta popular del 9-N sobre el derecho de autodeterminación.
El caso es que los hermanos Higini y Ramón Cierco, propietarios de ambas entidades financieras, se han estado defendiendo durante años ante los tribunales y hace unos cinco meses consiguieron que les dieron toda la razón y definitivamente, dejando claro que no cometieron ninguna ilegalidad durante su gestión en BPA y BM.
Como era de esperar, los hermanos Cierco han pasado a la ofensiva y acaban de presentar una demanda por la que reclaman al Estado español la cantidad de 141.604.000 euros en concepto de daños y perjuicios ocasionados por las consecuencias directas de la “no política” del Gobierno de Rajoy contra los independentistas que gobiernan Catalunya.
Paralelamente a esta acción de los Cierco, la entidad Drets y el Institut de Drets Humans de Andorra (IDHA) han pedido a la justicia de ese país que investigue la extorsión a que fue sometida la BPA en el contexto de la llamada “Operación Catalunya” del Gobierno de España, el mismo que organizó la “Kitchen” para robarle a Bárcenas, de su propio domicilio, pruebas contra el PP por posibles delitos de financiación ilegal.
Entre los españoles relevantes que la jueza andorrana podría citar a declarar si atiende a los demandantes figuran C. Montoro, J, Fernández Díaz y M. Rajoy quienes, si no acudieran, podrían ser reclamados mediante órdenes internacionales de busca y captura a través de Interpol.
¿Le han sonado a usted en este momento las fracasadas euroórdenes del juez Llarena contra Puigdemont y otros independentistas exiliados? A mí sí, y menuda paradoja como termine ocurriendo lo de Andorra.
Son las 23:30 horas del 9 de enero de 2022 y la noticia apareció hace cuatro días. He podido informar aquí y ahora porque leo digitales catalanes como “El Nacional” o “El Mon”, pues salvo en la sección de “Economía” de “El Mundo” no he conseguido localizar esta noticia en ninguno de los medios españoles relevantes de cualquier tendencia.
Los medios españolistas ya me han obligado más veces a robar tiempo y espacio a la opinión al tener que añadir la información de noticias que han dejado de publicar conscientemente.
Ocurrió con la acción de Puigdemont a favor de la España menos franquista, cuando informó a los europarlamentarios que Pablo Casado, ese que solo viaja a Europa para hablar mal de su Gobierno, había asistido el pasado 20 de noviembre a una misa por el alma del peor asesino de la historia de España.
También ignoraron una noticia de finales de diciembre pasado que aventura un futuro muy negro para la justicia española, cual fue la decisión del TEDH al acumular en una misma causa los recursos presentados por los represaliados catalanes del 9-N de 2014 y del 1-O de 2017.
Pero esta vez se trataba de lo que nos va a costar la “no política” de los españolistas, siempre gobernantes. Llevamos anotada la amenaza de más de 141 millones desde Andorra y también nos pueden terminar saliendo carísimas las sentencias de una Justicia a la que, para estimular su ánimo castigador contra los independentistas, no le hacían falta ni las palizas policiales a los votantes del referéndum, ni el 155 aprobado por el Senado ni el beligerante discurso pronunciado por Felipe VI el 3 de octubre de 2017, ese que, ya que hablamos de dinero, consiguió que al día siguiente el diferencial a la baja del IBEX 35 respecto de los restantes índices bursátiles europeos fuera de los que baten récords de décadas.
Por ejemplo, de los impuestos hubo que indemnizar con 9.000.- euros en 2018 a dos jóvenes catalanes a quienes nuestros jueces habían condenado a pena de cárcel por quemar fotos del rey.
Ahora, imagine usted el importe, en dinero, de la condena que podría recibir España desde Europa por sentenciar fuera de la ley a unos líderes catalanes que ni siquiera quemaron nada durante las votaciones en formato “democracia directa” que organizaron, por comparación con la indemnización a que fue condenada España por castigar a los jóvenes de las fotos ardiendo. Y no he querido buscar más riesgos y pérdidas económicas asumidas por culpa de la “no política” de los españolistas, especialmente ante los independentistas.
Terminaría en modo panfleto cabreado para decir de los políticos españolistas que no lo son, lo de políticos, porque siguen envenenados con el “no se meta usted en política” que, bajo amenaza de paredón, “aconsejaba” el dictador, pero se me quitan las ganas solo de pensar en lo cara que nos puede terminar costando la fiesta de la “no política” con la que tanto parecen disfrutar la inmensa mayoría de personas que salen de las urnas con el escaño puesto.
Domingo Sanz
