Si dejamos de barrer el polvo se convierte en barro, que lo dice la RAE sobre la frase en la que está usted pensando.
Y si, en lugar de suciedad en el suelo, el “polvo” del que hablamos son leyes decisivas pero calculadas más en beneficio propio que en el de la sociedad, es inevitable que las décadas siguientes se conviertan en una sucesión de maldades y corrupciones.
Por eso, no debería extrañarnos lo que está ocurriendo.
Entre paréntesis, hace dos días el mordaz Manuel Vicent echaba de menos que en el Congreso no haya nadie que se encargue de tirar de la cadena para que las alcantarillas reciban todo el “detritus cargado de odio ibérico que les sale del alma a algunos padres de la patria” durante los debates.
Volviendo a los polvos antiguos y no barridos, en 1977 concurrieron a las elecciones, entre otros, UCD, PSOE, PCE y AP, con Suárez, González, Carrillo y Fraga liderando cada partido. En el mismo orden, cada escaño del Congreso les costó 38.245, 45.524, 85.495 y 94.048 votos de españoles “iguales”, pero no gaste usted aún toda la risa que tenga almacenada para hoy. Por tanto, respecto de la UCD, que fue al que le salió más barato, los tres restantes “pagaron” incrementos del 19%, del 123% y del 146% en número de votos.
La Constitución se aprobó en diciembre de 1978 y Suárez convocó nuevas elecciones para el 1 de marzo de 1979, volviendo a concurrir la UCD, el PSOE, el PCE y AP. Por el mismo orden, en esta ocasión cada escaño les costó 37.313, 45.205, 84.282 y 117.814 votos, lo que, y también respecto de la UCD, supuso a los otros tres encarecimientos del 21%, del 126% y del 216%.
Es decir, el mismo RDL 20/1977 vigente pero mayor desigualdad a la hora de convertir votos depositados en las mismas urnas en escaños del mismo Congreso.
Mientras espero los argumentos de quienes afirmen que existe igualdad ante las urnas en una normativa electoral que sigue vigente desde 1985, año en el que se aprobó una LOREG que mantuvo intacto el RDL 20/1977 por lo que a la tergiversación de la voluntad popular se refiere, aprovecharé para recordar que en 1979 ocurrieron otras cosas.
La Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en adelante LOTC, dice desde entonces que “Los plazos previstos en esta Ley para interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo o promover un conflicto constitucional comenzarán a contarse desde el día en que quede constituido el Tribunal de acuerdo con la disposición transitoria anterior, cuando las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen el recurso o conflicto fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado sus efectos”.
Esa Disposición fue votada por 301 de los 307 diputados presentes en el pleno, abriendo un plazo durante el que, aunque solo fuera de tres meses, los tres partidos depositarios de un porcentaje acumulado de la voluntad popular muy superior al de UCD, podían haber presentado recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 20/1977.
Pero no, en perjuicio de la igualdad de todos ante las urnas, que parece que no les importa, ni aunque les perjudique, y eso sí que es “defender el sistema” aunque sea un mal sistema, prefirieron soportar un daño político irreparable en dos urnas consecutivas, en lugar de someter la normativa electoral a la prueba del algodón de la igualdad proclamada en los artículos 14 y 68.1 de la Constitución. El segundo, por cierto, sigue diciendo que el “voto” de las elecciones al Congreso ha de ser “igual”.
A partir de aquí, casi todo son preguntas.
¿Qué fue lo que impidió que Felipe González, pero con más motivo Santiago Carrillo, y aún más Manuel Fraga, promovieran recursos de inconstitucionalidad contra el entonces vigente RDL 20/1977 de normas electorales, el que tanto daño hizo a sus candidaturas a la hora de convertir sus votos en escaños, que es, a fin de cuentas, para lo que se vota?
¿Acaso eran tan idiotas como ese cliente que vuelve cada día a la misma frutería, aunque le cobren las mismas manzanas más caras que al cliente anterior y, además, ponen su foto de tonto del bote en la entrada?
-Oiga usted, que esas fruterías no existen.
-Disculpe por el error, había entrado en el mercado de la política.
¿O eran perversos y esperaban que un día fueran ellos los beneficiados por la misma legislación desigual que les había perjudicado, tal como ocurrió en 1982 a favor del PSOE y AP, contra el PCE y UCD?
-Es que con igualdad ante las urnas nunca lo habríamos conseguido.
¿O eran adivinos y sabían que el MASUFA* anterior, y padre del actual, terminaría obligando a dimitir a Suárez a base de intrigas con militares franquistas?
-Señor Sánchez, por favor, queremos enterarnos. Derogue ya la Ley de Secretos vigente, tan franquista hoy como aquellos militares de entonces.
Llegados al barro actual, en las elecciones generales de 2023 se han presentado, entre otros, los partidos PP, PSOE, VOX y SUMAR. Por este mismo orden, cada escaño en el Congreso les ha costado 59.568, 64.462, 92.636 y 98.226 votos lo que, respecto del PP, el partido al que le salió más barato cada escaño, los tres restantes pagaron cada uno un sobrecoste, en votos, del 8,2%, del 55,5% y del 64,9%.
¿Se puede saber que ha impedido a Yolanda Díaz decirle a Pedro Sánchez que, o más igualdad ante las urnas o no hay investidura?
-Tampoco lo exigió Pablo Iglesias en noviembre de 2019.
El asunto es muy grave, porque incluso los de Sánchez están, en la actualidad, objetivamente interesados, ya que la LOREG les comienza a discriminar ante el PP, como también les ocurrió en 1977 y 1979 frente a UCD.
El PSP de Tierno Galván desapareció porque, tras las primeras elecciones generales, las de 1977, no se podían arriesgar a pagar otra vez cada escaño un 255% más caro en votos que la UCD. Además, con aquellos seis escaños pagados a razón de 136.097 votos cada uno no hubieran podido negociar nada tras aquel 15 de junio.
Los de CIUDADANOS no han podido concurrir a las elecciones de 2023 porque en las de noviembre de 2019 pagaron cada escaño más de un 190% más caro de lo que pagaron los suyos el PSOE y el PP, pero, a diferencia del PSP de 1977, Rivera sí podría haber planteado a Rajoy, tras las de junio de 2016, lo mismo que le podían haber exigido Iglesias o Díaz a Sánchez en 2019 y 2023.
¿Acaso es democrático que la decisión política más importante de todas, la que se materializa cuando votan millones de personas, sea tergiversada por la desigualdad legislativa calculada desde un poder que, a sabiendas de que tiene señalada la fecha de caducidad, busca con esa maldad continuar?
Esto no es democrático ni legítimo, por mucho que las leyes electorales las hayan aprobado políticos elegidos en unas urnas que, desde la primera votación, ganaron gracias a desigualdades flagrantes.
“Agua pasada no mueve molino” me podría usted responder con esta sabiduría popular, tan cierta como la que más.
Entonces yo le diré que, de acuerdo, pero solo si la utiliza en sentido estricto. Hay aguas que parecen distintas, pero no lo son tanto: únicamente están más sucias porque solo recorren alcantarillas.
*MASUFA son las iniciales del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 62.h de la Constitución, ya que estamos legalistas.
Domingo Sanz
